Por Julio Gambina
El BCRA difundió esta semana la comunicación A 5493, donde comunica restricciones al uso del crédito local de las grandes cerealeras, modificando con ello el negocio financiero de esas empresas dominantes en el mercado de producción y exportación de productos primarios.
"Política económica", columna de opinión emitida en "Hipótesis" el lunes 11 de noviembre de 2013.
La disposición del BCRA limita la posibilidad de financiarse
en pesos y las obliga a solicitar préstamos en divisas, en el exterior para obtener
fondos de pre-financiación de exportaciones.
Ahora los bancos locales, sólo podrán prestarle a grandes
empresas exportadoras el equivalente al 0,3% del total de depósitos en pesos.
Según el BCRA, los bancos llevan prestados en lo que va del año 2013 cerca
11.000 millones de pesos a las cerealeras.
Es una medida que alcanza a pocas empresas, tal el caso de
Bunge, de Cargill, Dreyfus, Nidera, AGD (Aceitera General Deheza) y Molinos,
que exportan más del 75% de su producción.
Se trata de una disposición con nombre y apellido, y en ese
sentido se destaca la intencionalidad de no favorecer el uso del crédito local
para empresas monopólicas y liberar recursos para otros actores, especialmente
pequeños y medianos.
En rigor, no es la primera vez que el BCRA intenta reorientar
la cartera de préstamos a sectores pequeños y medianos de la economía.
Hasta aquí lo explícito de la resolución del Banco Central.
Lo no dicho e implícito en la decisión pasa por la necesidad estatal de obtener
divisas para recomponer reservas, las que caen fuerte desde hace dos años
cuando se llegó al máximo de 52.000 millones de dólares. Ahora apenas superan
los 33.000 millones y la sangría de divisas preocupa a las autoridades
económicas y financieras.
No solo son cuantiosos los pagos de deuda, sino que debe
computarse como problema estructural la crecida factura de importaciones
energética, del orden de los 13.000 millones de dólares y la continua salida de
divisas para cancelar los gastos por compras externas vía tarjeta de crédito.
Existen límites al ingreso de divisas en el país, con escasas
inversiones externas, límites al ingreso de nuevas deudas, lo que explica la
presión para el endeudamiento externo privado que orienta el BCRA y la búsqueda
de financiamiento en el exterior que busca el propio sector estatal.
Al mismo tiempo, debe computarse la presión por una fuerte
devaluación de los grandes productores y exportadores, o la pretensión de
disminuir o eliminar las retenciones a las exportaciones. Todo para mejorar la
rentabilidad de las empresas.
Pueden y deben pensarse rumbos alternativos. No se trata de
vivir con lo nuestro, como alguna vez se sugirió, pero más que pensar en la
lógica del mercado mundial, bueno sería profundizar los mecanismos de la
cooperación e integración regional para darle aliento a la nueva arquitectura
del sistema financiero que empujan los países latinoamericanos, con escasos
avances concretos.
Aludimos a la creación del Banco del Sur, a la utilización
compartida de las reservas internacionales o una parte de ellas para
desarrollos productivos comunes, o a la promoción del intercambio con monedas
locales, escasamente utilizado entre Brasil y Argentina, pese a la posibilidad
existente desde 2008 en ese sentido. Uruguay se sumó al SUCRE que promueve el
ALBA-TCP y convengamos que también es poco utilizado por los países miembros.
Pero también supone otro vínculo con el sistema mundial,
denunciando los acuerdos globales, tal la adhesión de la Argentina al CIADI o
la vigencia de los tratados bilaterales de inversión, donde el país tiene el
récord en la región, con la vigencia de 55 tratados, muchos de ellos con
vencimiento en el 2014 y que merecen ser denunciados para evitar la
subordinación al chantaje de las empresas transnacionales que actúan en el
país.
