En la O.N.U.: ministros Héctor Timerman y Axel Kicillof. |
miguelferrari@gmail.com
“Con los Ojos
del Sur”, columna de opinión emitida el sábado 12 de setiembre de 2015.
La resolución fue impulsada inicialmente
por la Argentina
y el G77 más China.
Los nueve principios que contiene la
resolución son los de soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad,
tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y
reestructuración de la deuda aprobada por una mayoría calificada.
Si bien —como señaló nuestro colega Julio
Gambina en su columna— en esta resolución no está contemplado el tema de las
deudas ilegítimas u odiosas, se trata de un notable avance jurídico en la tarea
de recortar las acciones y pretensiones de los fondos buitre; en definitiva, de
los países centrales. Esta es la razón por la cual, seis de los principales
países capitalistas del mundo votaron en contra.
Ya sabemos que una de las debilidades de la Organización de las
Naciones Unidas consiste en que la Asamblea
General —el organismo más democrático de esta institución
internacional— no puede emitir resoluciones de aplicación obligatoria.
En tal sentido, el ex presidente del Banco
Central de la Argentina ,
Martín Redrado, consideró que la mencionada resolución de la Asamblea General
de la O.N .U. “es
absolutamente irrelevante” y que no le permitirá a la Argentina resolver el
conflicto con los fondos buitre.
Pero un análisis más serio desde el punto
de vista jurídico, indica que esta resolución se convierte —a nivel
internacional— en lo que se denomina “un principio general del derecho”. Esto
es, en un enunciado normativo más general que, a pesar de no haber sido
integrado formalmente en los ordenamientos jurídicos particulares, expresa
conceptos relacionados con determinados valores, que terminan ejerciendo
influencia sobre el contenido de las normas y sobre el Derecho en general.
Estos principios generales del derecho son
utilizados por los jueces, por los legisladores, los creadores de doctrina y
por los juristas en general, para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa.
Que estos principios no sean aplicables
al conflicto de Argentina con los fondos buitre —tal como lo señala el “Golden
Boy”— es un tema discutible, pero no se puede ser tan miope (o cipayo) como
para desconocer la importancia que tiene esta resolución para la defensa de las
naciones menos desarrolladas, en su puja con los grandes capitales.
T
No podemos cerrar esta columna sin hacer
referencia a la soberana actitud de la República Bolivariana
de Venezuela en dos importantes cuestiones.
En primer lugar la decisión del gobierno
del presidente Nicolás Maduro de proteger las fronteras de su país, frente al
accionar de las bandas paramilitares provenientes de la vecina República de
Colombia.
Estos paramilitares de trágica memoria
para los ciudadanos colombianos —víctimas de su accionar sanguinario— no solo
regentean el contrabando en la frontera con Venezuela, sino que se constituyen
en una punta de lanza político-militar contra el proceso transformador
bolivariano, con la complicidad de los grupos opositores de extrema derecha de
la propia Venezuela.
Todavía está fresco el recuerdo del joven
diputado chavista a la Asamblea Nacional
venezolana, Robert Serra, quien fue asesinado el 1º de octubre del año pasado
con la participación de ciudadanos colombianos relacionados con los
paramilitares.
Los medios de la derecha venezolana, con
esa modalidad —tan difundida también en nuestro país— de utilizar la mentira
como arma política, divulgaron la infamia de que se trataba de un crimen
pasional.
En este punto es conveniente recordar que
en la inmensa mayoría de los casos, este accionar de los paramilitares se
produce en connivencia con las fuerzas armadas del Estado colombiano.
Esta determinación de pacificar la
frontera colombo-venezolana y la deportación de algunos ciudadanos colombianos
relacionados con el delito, se constituyó en una excelente oportunidad para la
derecha internacional. Los violadores de los derechos humanos pusieron el grito
en el cielo por las supuestas violaciones del gobierno de Nicolás Maduro.
La ultraderecha colombiana, con el apoyo de
los medios y las ONGs que responden al gobierno de los Estados Unidos, se ha
lanzado a descalificar al gobierno de Maduro pretendiendo levantar la bandera
de los derechos humanos; nada menos que ellos que han perpetrado en Colombia un
largo genocidio y aún hoy mantienen más de 9.500 presos políticos en
condiciones infrahumanas, y que no dejan un día de estigmatizar, perseguir y
asesinar a dirigentes populares con toda impunidad y alevosía.
Huyendo —precisamente— de ese infierno, se
han radicado en los últimos tiempos más de seis millones de ciudadanos
colombianos en Venezuela, donde gozan de los mismos derechos que los ciudadanos
nacidos en este suelo.
Desde la Argentina han hecho
llegar su solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolanos: la Liga Argentina por los Derechos
del Hombre; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; el Servicio “Paz
y Justicia”; el premio Nobel de la
Paz , Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cotiñas, presidenta de
Madres de Plaza de Mayo, línea Fundadora; el pastor Arturo Blatesky,
coordinador nacional del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; la escritora
y periodista Stella Calloni; y el periodista Carlos Aznarez, entre otras
personalidades y organizaciones.
El otro tema relacionado con Venezuela,
tiene que ver con el fallo de la
Justicia —en el caso del dirigente Leopoldo López—,
condenándolo a la pena de prisión durante 13 años, 9 meses y siete días, por su
responsabilidad en la instigación y participación en los hechos de violencia
durante los primeros meses de 2014, que produjeron la muerte de 43 personas.
Se trató —como lo señaláramos
exhaustivamente en varias notas editoriales— de la implementación de los
denominados golpes suaves, la nueva modalidad practicada por Washington y
exportada a sus socios de esta parte del continente.
Esta sentencia —además de haber sido
adoptada con todas las garantías constitucionales— posee un valor adicional: se
constituye en una advertencia para quienes, violentando la voluntad ciudadana,
se lanzan a la desestabilización destituyente de los gobiernos democráticos, que
han emprendido junto a sus pueblos las tareas emancipadoras.
Pero para el imperio y sus aliados, este
dictamen de la Justicia
venezolana es una violación flagrante a los derechos humanos.
Entre quienes se rasgaron las vestiduras
se encuentra el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien
señaló que su país está “profundamente perturbado” por esta sentencia y se
halla muy preocupado por el sistema judicial venezolano.
Si no se trata de un chiste del
funcionario estadounidense, deberemos convenir que estamos ante un caso grave
de amnesia o de cinismo.
Sería bueno que recuerde que su país
desde hace catorce años tiene recluidos en la base de Guantánamo (que le
robaron a Cuba) a decenas de prisioneros sin el más mínimo derecho a la defensa.
También el ex presidente del gobierno
español, Felipe González, responsable del terrorismo de Estado en su país, a
través del accionar del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), se sumó a
las condenas al gobierno venezolano, diciendo que “Venezuela se ha convertido
en una dictadura de facto”.
Estas no son las únicas diatribas contra la Revolución Bolivariana ,
el coro de supuestos defensores de los Derechos Humanos es más amplio y cuenta
con el conveniente respaldo político y financiero.
Los promotores de los golpes blandos
—antes especializados en los golpes duros— deberían tener en cuenta estas
palabras del Libertador Simón Bolívar… “cada pueblo será libre a su modo y
disfrutará de soberanía, según la voluntad de su conciencia”.