DERROTA DE LOS BUITRES EN LA ONU • PROBLEMAS EN LA PATRIA GRANDE

En la O.N.U.: ministros Héctor Timerman y Axel Kicillof.
Por Miguel Angel Ferrari
miguelferrari@gmail.com

La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó esta semana con 136 votos positivos, 41 abstenciones y 6 en contra (los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Japón e Israel), la resolución que limita el accionar de los fondos buitre a través de nueve principios que dan marco a un sistema legal global para los procesos de reestructuraciones de deuda soberana.


“Con los Ojos del Sur”, columna de opinión emitida el sábado 12 de setiembre de 2015.


La resolución fue impulsada inicialmente por la Argentina y el G77 más China.

Los nueve principios que contiene la resolución son los de soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y reestructuración de la deuda aprobada por una mayoría calificada.

Si bien —como señaló nuestro colega Julio Gambina en su columna— en esta resolución no está contemplado el tema de las deudas ilegítimas u odiosas, se trata de un notable avance jurídico en la tarea de recortar las acciones y pretensiones de los fondos buitre; en definitiva, de los países centrales. Esta es la razón por la cual, seis de los principales países capitalistas del mundo votaron en contra.

Ya sabemos que una de las debilidades de la Organización de las Naciones Unidas consiste en que la Asamblea General —el organismo más democrático de esta institución internacional— no puede emitir resoluciones de aplicación obligatoria.

En tal sentido, el ex presidente del Banco Central de la Argentina, Martín Redrado, consideró que la mencionada resolución de la Asamblea General de la O.N.U. “es absolutamente irrelevante” y que no le permitirá a la Argentina resolver el conflicto con los fondos buitre.

Pero un análisis más serio desde el punto de vista jurídico, indica que esta resolución se convierte —a nivel internacional— en lo que se denomina “un principio general del derecho”. Esto es, en un enunciado normativo más general que, a pesar de no haber sido integrado formalmente en los ordenamientos jurídicos particulares, expresa conceptos relacionados con determinados valores, que terminan ejerciendo influencia sobre el contenido de las normas y sobre el Derecho en general.

Estos principios generales del derecho son utilizados por los jueces, por los legisladores, los creadores de doctrina y por los juristas en general, para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa.

Que estos principios no sean aplicables al conflicto de Argentina con los fondos buitre —tal como lo señala el “Golden Boy”— es un tema discutible, pero no se puede ser tan miope (o cipayo) como para desconocer la importancia que tiene esta resolución para la defensa de las naciones menos desarrolladas, en su puja con los grandes capitales.

T

No podemos cerrar esta columna sin hacer referencia a la soberana actitud de la República Bolivariana de Venezuela en dos importantes cuestiones.

En primer lugar la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de proteger las fronteras de su país, frente al accionar de las bandas paramilitares provenientes de la vecina República de Colombia.

Estos paramilitares de trágica memoria para los ciudadanos colombianos —víctimas de su accionar sanguinario— no solo regentean el contrabando en la frontera con Venezuela, sino que se constituyen en una punta de lanza político-militar contra el proceso transformador bolivariano, con la complicidad de los grupos opositores de extrema derecha de la propia Venezuela.

Todavía está fresco el recuerdo del joven diputado chavista a la Asamblea Nacional venezolana, Robert Serra, quien fue asesinado el 1º de octubre del año pasado con la participación de ciudadanos colombianos relacionados con los paramilitares.

Los medios de la derecha venezolana, con esa modalidad —tan difundida también en nuestro país— de utilizar la mentira como arma política, divulgaron la infamia de que se trataba de un crimen pasional.

En este punto es conveniente recordar que en la inmensa mayoría de los casos, este accionar de los paramilitares se produce en connivencia con las fuerzas armadas del Estado colombiano.

Esta determinación de pacificar la frontera colombo-venezolana y la deportación de algunos ciudadanos colombianos relacionados con el delito, se constituyó en una excelente oportunidad para la derecha internacional. Los violadores de los derechos humanos pusieron el grito en el cielo por las supuestas violaciones del gobierno de Nicolás Maduro.

La ultraderecha colombiana, con el apoyo de los medios y las ONGs que responden al gobierno de los Estados Unidos, se ha lanzado a descalificar al gobierno de Maduro pretendiendo levantar la bandera de los derechos humanos; nada menos que ellos que han perpetrado en Colombia un largo genocidio y aún hoy mantienen más de 9.500 presos políticos en condiciones infrahumanas, y que no dejan un día de estigmatizar, perseguir y asesinar a dirigentes populares con toda impunidad y alevosía.

Huyendo —precisamente— de ese infierno, se han radicado en los últimos tiempos más de seis millones de ciudadanos colombianos en Venezuela, donde gozan de los mismos derechos que los ciudadanos nacidos en este suelo.

Desde la Argentina han hecho llegar su solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolanos: la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; el Servicio “Paz y Justicia”; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cotiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea Fundadora; el pastor Arturo Blatesky, coordinador nacional del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; la escritora y periodista Stella Calloni; y el periodista Carlos Aznarez, entre otras personalidades y organizaciones.

El otro tema relacionado con Venezuela, tiene que ver con el fallo de la Justicia —en el caso del dirigente Leopoldo López—, condenándolo a la pena de prisión durante 13 años, 9 meses y siete días, por su responsabilidad en la instigación y participación en los hechos de violencia durante los primeros meses de 2014, que produjeron la muerte de 43 personas.

Se trató —como lo señaláramos exhaustivamente en varias notas editoriales— de la implementación de los denominados golpes suaves, la nueva modalidad practicada por Washington y exportada a sus socios de esta parte del continente.

Esta sentencia —además de haber sido adoptada con todas las garantías constitucionales— posee un valor adicional: se constituye en una advertencia para quienes, violentando la voluntad ciudadana, se lanzan a la desestabilización destituyente de los gobiernos democráticos, que han emprendido junto a sus pueblos las tareas emancipadoras.

Pero para el imperio y sus aliados, este dictamen de la Justicia venezolana es una violación flagrante a los derechos humanos.

Entre quienes se rasgaron las vestiduras se encuentra el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien señaló que su país está “profundamente perturbado” por esta sentencia y se halla muy preocupado por el sistema judicial venezolano.

Si no se trata de un chiste del funcionario estadounidense, deberemos convenir que estamos ante un caso grave de amnesia o de cinismo.

Sería bueno que recuerde que su país desde hace catorce años tiene recluidos en la base de Guantánamo (que le robaron a Cuba) a decenas de prisioneros sin el más mínimo derecho a la defensa.

También el ex presidente del gobierno español, Felipe González, responsable del terrorismo de Estado en su país, a través del accionar del GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), se sumó a las condenas al gobierno venezolano, diciendo que “Venezuela se ha convertido en una dictadura de facto”.

Estas no son las únicas diatribas contra la Revolución Bolivariana, el coro de supuestos defensores de los Derechos Humanos es más amplio y cuenta con el conveniente respaldo político y financiero.

Los promotores de los golpes blandos —antes especializados en los golpes duros— deberían tener en cuenta estas palabras del Libertador Simón Bolívar… “cada pueblo será libre a su modo y disfrutará de soberanía, según la voluntad de su conciencia”.