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En
diversos países sudamericanos se vienen sucedido conflictos
policiales. No es casual que sucedan en aquellas países que se
proponen el manejo del Estado nacional, para mejorar la situación de
explotados y excluidos, rompiendo con los clásicos lemas
neoliberales
"A Contrapelo" columna de opinión emitida en "Hipótesis" el sábado 4 de enero de 2014.
En
setiembre de 2010 hubo en Ecuador un levantamiento policial contra
una nueva ley salarial, que llegó hasta el secuestro por algunas
horas del presidente de la Nación, Rafael Correa
En
febrero de 2012, en vísperas del Carnaval, 10.000 policías del
Estado de Bahia, se declararon en huelga, lo que generó un conflicto
rodeado de asaltos, robos y toda forma de violencia, que dejó un
saldo de 59 muertos.
La
presidente Dilma Rousseff se vio obligada movilizar a las Fuerzas
Armadas para controlar la situación.
En
junio de ese mismo año el Comando General de la Policía Boliviana
anunció que se suspendieron todos los actos programados para la
celebración del 186 aniversario de la institución y al mismo tiempo
condenó la actitud "oportunista" de algunas personas que
aprovechan las demandas legítimas de policías de baja graduación.
El
conflicto generado duró varios días y fue solucionado con la
intervención personal del vicepresidente, Alvaro García Linera.
Siguió
el conflictivo 2012 con la movilización por un problema salarial con
gendarmes y prefectos en diferentes asentamientos de nuestro país.
El conflicto también fue solucionado,
Pasado
un tiempo la ministra Nilda Garré se vio obligada a renunciar, entre
otras razones, porque fue su hermano quien ocupaba el cargo desde el
cual se tomaron medidas desacertadas que dieron pie al conflicto.
El
Secretario de Seguridad, Sergio Berni, quedo consolidado como el
verdadero hombre fuerte del Ministerio y es a quien se ve actuar en
los conflictos mas recientes.
Asi
se llega a las huelgas policiales que a comienzos de diciembre pasado
afectaron a siete provincias argentinas.
El
conflicto se inicio en Cordoba, estando el gobernador Jose Manuel de
la Sota ausente de la Provincia viajando a Colombia para participar
en una reunión de mandatarios provinciales.
La
demora del gobernador en solicitar el apoyo nacional, lo puso en una
situación de debilidad frente a los policías rebeldes, a los que
finalmente se concedió prácticamente todo lo que pedían
Mientras,
en toda la ciudad capital y lugares del interior provincial se
sucedían los asaltos y saqueos, con graves consecuencias materiales
y humanas y, al mismo tiempo, el efecto contagio generó rebeliones
policiales en Santa Fe, Entre Rios, La Pampa y otras provincias.
Los
conflictos se fueron resolviendo con el envio de fuerzas federales, a
Cordoba se enviaron 1.200 hombres, entre Gerdarmeria, Policia Federal
y de Seguridad Aeroportuaria; a Santa Fe 1,000 gendarmes.
De
todas maneras los policías obtuvieron fuertes concesiones en materia
salarial, adicionales, pago de elementos de trabajo, como chalecos
antibalas y otros.
Ahora
el conflicto policial estalla nuevamente, como un coletazo del
anterior. Los
movimientos de insubordinación surgieron tras conocerse la orden de
detención solicitada por el fiscal de Córdoba, Raúl Garzón, para
17 personas –16 policías y una ex agente y esposa de un efectivo–
por su participación en el levantamiento policial de diciembre
pasado por reclamos salariales. Todos fueron detenidos ayer y
trasladados a la cárcel Bouwer, para ser indagados el próximo
lunes.
Al
mismo tiempo cuatro jefes fueron pasados a disponibilidad por el
propio Tribunal de Disciplina de la Fuerza. El Secretario Sergio
Berni viajo a Cordoba para supervisar la llegada nuevamente de 1.200
integrantes de las Fuezas Federales, de las tres instituciones que ya
participaron en diciembre y se reunió con el gobernador de la Sota
que habia solicitado el apoyo mencionado.
El
funcionario nacional declaro a La Voz del Interior, tradicional medio
cordobes, actualmente en la orbita del grupo Clarin, que la Nacion
apoyara la reestructuración de las policías provinciales, para
evitar nuevos levantamiento extorsivos.
Aprovechando
la tranquilidad que le brinda el apoyo del gobierno nacional y las
tropas federales el
gobierno provincial continuó con la purga policial. José Manuel de
la Sota firmó ayer los decretos en los que se estableció que 23
efectivos -cinco oficiales superiores, 12 oficiales jefes, tres
oficiales subalternos y tres suboficiales- fueran desafectados de la
fuerza, y argumentó que se trató de una "reestructuración"
de la institución dispuesta para
este año.
Tambien
en Entre Rios hay inquietud policial, ya que el gobierno se propone
modificar los términos del acuerdo al que se llego en diciembre a
punta de pistola.
Hubo
movilizaciones en Concordia y Gualeguaychú, pero sin cortes de ruta.
Los policías dijeron que no había habido abandono de trabajo, que
sólo participaron en las movilizaciones personal de franco y
familiares.
DE
manera no casual los dirigentes de la mesa de enlace, con Eduardo
Buzzi a la cabeza y un puñado de productores, hicieron su propia
movilización, con los motivos habituales. Los ruralistas, uno de los
sectores más favorecidos por el crecimiento económico de los
últimos años, no quieren pagar impuestos: protestan contra el
aumento del inmobiliario rural en algunas provincias, piden eliminar
las retenciones a la carne, cuya exportación y consumo interno han
crecido con fuerza en 2013 y otras chicanas.
O
sea, cuando tenemos problemas, inundaciones, sequías, plagas el
problema es de todos y los tiene que bancar el estado. Cuando nos va
bien, la plata es mía.
Mientras
tanto llegaron a esa provincia 400 gendarmes y Sergio Berni se
entrevistó con las autoridades locales de Gendarmería y Prefectura.
Más
allá de que en cada caso puede haber problemas específicos, de que
realmente los policías rasos tienen generalmente sueldos muy bajos y
que los jugosos negocios de las cajas negras se reparte de cierto
rango para arriba, contribuyendo así a genera la bronca de abajo, la
debilidad de la cadena y en muchas ocasiones las responsabilidades
políticas y judiciales en los problemas.
Más
allá de todas esas considerciones, la seguidilla de levantamientos
de hombres y mujeres, cuyas herramientas de trabajo son las armas,
inducen a pensar que hay detrás de todo ello sectores interesados en
encontrar una herramienta de reemplazo a las Fuerzas Armadas, que, al
menos por ahora, han dejado de jugar su tradicional papel de partido
militar a servicio de las clases dominantes locales e
internacionales.
Purgar
a las fuerzas policiales quizás resulte más difícil que controlar
a los militares. Las cajas negras son una de las claves de los
problemas. Pero por sobre todo está el interés de afilar
herramientas para disciplinar el conflicto social y poner límites a
los proyectos de ciertos gobiernos.
