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El país con las mayores reservas petrolíferas exploradas, entre todos los países del mundo, está en la mira del complejo militar-industrial del país más poderoso de la tierra.
Si usted está
pensando en un lejano país del medio oriente, le sugerimos que se corra hacia
el oeste del mapamundi. Más precisamente en la región septentrional de nuestra
América del sur.
Sí, estamos
hablando de Venezuela; uno de los principales proveedores de hidrocarburos de
los Estados Unidos, a solo cuatro o cinco días de travesía. Una insignificancia
comparada con los cuarenta y tantos días que le llevan a los enormes buques
petroleros surcar los océanos Indico y Atlántico para llegar desde la península
Arábiga al golfo de México.
Pero,
Washington afronta una dificultad con este país sudamericano asentado en un mar
de petróleo: tiene un gobierno —a diferencia de Arabia Saudita, por ejemplo—
que es elegido por el pueblo y que representa los intereses de las mayorías.
El gobierno
bolivariano durante sus 15 años de existencia, convocó 19 veces a las urnas a
sus ciudadanos… ¡y ganó en dieciocho oportunidades!
Parece ser que
la democracia no suele ser el mejor camino para realizar buenos negocios.
Y, si la
democracia no es el mejor camino… como lo más importante son los negocios,
desde Washington consideran que será la democracia la que tendrá que ceder.
Es lo que han
hecho siempre. Es lo que mejor saben hacer.
Los centenares
de golpes de Estado perpetrados en nuestra América durante el siglo veinte y lo
que va de éste, siempre contaron con la adhesión —y en muchos casos la
ejecución— del imperio y su Doctrina de la Seguridad Nacional.
Centenares de
miles de compatriotas latinoamericanos y caribeños muertos y desparecidos
fueron el costo —pagado por los pueblos, claro— para que los negocios de las
transnacionales y sus gerentes autóctonos fueran altamente redituables,
convirtiendo a nuestra región en la más desigual de todo el planeta.
Hoy Venezuela
está en la mira de esos intereses, alimentados con la sangre de nuestros
hermanos de todo el continente.
El pasado
miércoles, de igual modo que en aquellos días de abril —luego de las últimas
elecciones presidenciales— y del mismo mes, pero de 2002, cuando la derecha
perpetró el golpe de Estado, revertido por el pueblo en las calles… el pasado
miércoles 12, la muerte por razones políticas volvió a enlutar al hermano país.
Junto a las
marchas de un sector del estudiantado opositor al gobierno, en distintas
ciudades del país, grupos terroristas enmascarados apedrearon edificios
públicos e incendiaron vehículos policiales. En Caracas el epicentro fue la Fiscalía General
de Venezuela, atacada vandálicamente desde la marcha opositora. En la refriega
murieron tres personas, de las cuales una resultó ser un militante chavista y
la otra un estudiante.
Connotados
personajes vinculados a la oposición —y de vieja militancia relacionada con el
corrupto ex presidente Carlos Andrés Pérez— en una comunicación telefónica
realizada el día anterior al ataque a la Fiscalía , hablaban “premonitoriamente” de la
violencia del día siguiente. Y al día siguiente como en “Crónica de una muerte
anunciada”, los sectores más reaccionarios de la oposición —entre los que se
cuentan Leopoldo López, ex alcalde del Chacao— lideraron la escalada golpista.
A propósito de
Leopoldo López, digamos que este “demócrata” fue uno de los firmantes de la
denominada “Acta Carmona”. Se trata del acta de asunción presidencial de Pedro
Carmona Estanga, en medio del golpe de Estado que derrocó por 72 horas al
presidente constitucional Hugo Chávez Frías, en abril de 2002.
El golpista
Leopoldo López, en medio del vandalismo de miércoles pasado, pidió la renuncia
del presidente Nicolás Maduro o, en su defecto, un referéndum revocatorio (sin
reparar que para ello debe transcurrir la mitad del mandato presidencial, según
la Constitución
Bolivariana , la única en el continente —y, posiblemente en el
mundo— que prevé esta figura profundamente democrática).
Recordemos que
al golpista Leopoldo López, hoy colocado en el pedestal de los máximos
defensores de la democracia por los medios masivos de desinformación, le cupo
durante el golpe de abril de 2002 un degradante rol. Fue uno de los partícipes
activos del secuestro —supuesta detención— del ministro de Relaciones
Interiores del gobierno constitucional, Ramón Rodríguez Chacín, cuando
los golpistas tomaron el Palacio Miraflores.
Recordemos también que este personaje de la ultraderecha
venezolana, se halla en la actualidad inhabilitado para ejercer cargos públicos
por un delito de tráfico de influencias y conflicto de intereses, durante su
gestión como alcalde (intendente) del municipio capitalino Chacao.
A propósito de Leopoldo López y de su cófrade, la diputada
María Corina Machado, digamos que estos políticos lideran el ala más
radicalizada (hacia la derecha) de la
Mesa de la Unidad Democrática , la coalición opositora de
casi treinta movimientos y partidos políticos, que llevaron como candidato en
las dos últimas elecciones presidenciales al actual gobernador del estado de
Miranda, Henrique Capriles Radonski.
A partir de las elecciones municipales del pasado 8 de
diciembre, en las que el chavismo incrementó su diferencia con la oposición, la
estrella de Capriles —que consideró a esas elecciones como un referéndum
antichavista— ha comenzado lentamente a opacarse.
La declinación de Capriles es inversamente proporcional al
crecimiento de los sectores fascistas dentro de la oposición, quienes aplican
el criterio de la acción directa y violenta, puesto que la vía electoral se les
ha tornado cada vez más difícil.
Como abono de este camino violento, la ultraderecha utiliza
el desánimo que produce en la población el desabastecimiento, la inflación y la
incertidumbre económica.
Una vez más —como ha ocurrido (y ocurre) en todo el
continente— los principales provocadores del caos económico, son los que
pretenden cosechar el descontento de los sectores perjudicados por sus acciones
especuladoras.
Su política, como en nuestro país, consiste en cargar sobre
las espaldas de los gobiernos los resultados de las políticas neoliberales
desestabilizadoras de estas democracias duramente alcanzadas.
En este punto, es conveniente insistir en la necesidad de
que los gobiernos populares mantengan su firmeza respecto de las políticas
aplicadas y avancen en su profundización, siempre con la participación y el
protagonismo de las mayorías, destinatarios principales de las medidas
progresistas de estos gobiernos. Sin ese protagonismo es imposible avanzar en
desmontar la perversa maquinaria construida por los partidarios del Consenso de
Washington.
Luego de varios rounds perdidos en esta década y media, en
Nuestra América, el imperio vuelve a la carga valiéndose de sus socios menores
de esta parte del continente. La
Alianza del Pacífico y el accionar de la derecha en cada uno
de nuestros países es un claro ejemplo de esta contraofensiva.
Por estos días, frente a la campaña mediática que pretende
victimizar al gobierno venezolano, por la violencia desatada por la
ultraderecha, el único camino posible para quienes luchan por la construcción
de la Patria Grande ,
consiste en cerrar filas en la defensa del proceso revolucionario Bolivariano.
Cuando se pierde la perspectiva y se confunde al verdadero
enemigo de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos, se está
favoreciendo este proceso de restauración neoliberal cuyo comando se halla
ubicado en Washington.
Lamentablemente, ayer en la Argentina , una
tradicional fuerza política surgida hace más de un siglo en la lucha contra el
conservadorismo y que llevara por primera vez a la presidencia a un candidato
ungido por la voluntad popular, acaba de emitir una declaración de marcada
sumisión a los intereses del imperio y de las clases dominantes en nuestro
país.
El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical
condenó “enérgicamente el autoritarismo y la represión del gobierno de
Venezuela”. En otro pasaje del documento los dirigentes radicales señalan “A lo
largo de los meses hemos asistido a acciones de violencia política ejercidas
contra grupos civiles, estudiantiles y prensa opositora por parte del gobierno
de Nicolás Maduro”.
A estos dirigentes, dignos sucesores del
tradicional alvearismo, parece olvidárseles el golpe fascista perpetrado por el
general José Félix Uriburu contra Hipólito Yirigoyen; el golpe de los
fundamentalistas católicos liderados por el general Juan Carlos Onganía, contra
el presidente Arturo Umberto Illia; o, más recientemente, el golpe “de mercado”
de los grupos dominantes contra el presidente Raúl Ricardo Alfonsín.
¿Mala memoria o complicidad —como una
suerte de síndrome de Estocolmo— con sus verdugos?
O, más probablemente, un cambio de rol
donde el vocablo radical ya no tiene nada que ver con el concepto de ir a la
raíz de la realidad para transformarla.
La cereza del postre de esta vergonzosa
declaración de la Unión
Cívica Radical, es el solicitar “a la Internacional Socialista
el inmediato envío de una delegación de representantes de todos los
partidos miembros de América latina y el Caribe para solidarizarse con las
víctimas de la represión, sus familias y para realizar todas las acciones
internacionales destinadas a que el gobierno venezolano respete el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos”.
¿Será necesario decirles a estos
dirigentes “radicales” que la Internacional Socialista
convalidó —a través de gobernantes de ese signo, especialmente en Europa— todos
los crímenes de los gobiernos de los Estados Unidos de las últimas décadas?
