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El gobierno del derechista Enrique Peña
Nieto puso en marcha un
plan para impulsar el cambio de la
televisión analógica a la digital en todo México. Como parte de este plan, ha
decidido la entrega a los ciudadanos de menores recursos —totalmente gratis— de
diez millones de aparatos de televisión.
¿Cuándo se informó a la población de esta
determinación?
Pocos días antes de las elecciones de
mañana domingo, en las que se elegirán todos los diputados del país y nueve
gobernadores.
“Con los Ojos
del Sur”, columna de opinión emitida el sábado 6 de junio de 2015.
Este es el modelo de democracia que impera
en uno de los más estrechos aliados de Washington en el continente: un gobierno
que entrega la soberanía de sus riquezas naturales y que profundiza la
desposesión de tierras entre los campesinos, a manos de los grandes grupos
económicos y que —simultáneamente— recurre a una mega compra de voluntades para
obtener un triunfo electoral que le permita seguir marginando a los mismos
habitantes a quienes les regala televisores.
Este domingo tendrá lugar un proceso
electoral de medio tiempo enmarcado en el mayor desastre nacional en la
historia posrevolucionaria del país hermano.
Estas son algunas de las peores calamidades
que padece la nación mexicana:
·
las ejecuciones extrajudiciales cotidianas se elevaron a una cifra
cercana a los 130 mil muertos en una década;
·
las desapariciones forzadas —ese recurrente crimen de Estado y de lesa
humanidad— se estiman en más de 40 mil casos;
·
la tortura, como una práctica “normal”, se extiende cada vez más
en todo el país;
·
los desplazamientos internos y externos, causados por la violencia
imperante, rondan las 300 mil personas.
El secuestro —y previsible asesinato— de
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, mostró claramente a la sociedad
mexicana y al mundo, la convivencia entre el crimen organizado y el terrorismo
de Estado. Las estrechas relaciones entre la delincuencia y la dirigencia política,
entre el delito y la impunidad.
Una inmensa red de corrupciones y
complicidades desde la propia cúspide del poder va quedando cada vez más a la
luz pública.
Comenzando por el presidente de la República , su gabinete,
el Congreso de la Unión ,
jueces, magistrados, funcionarios electorales, grupos corporativas ligados a
las esferas gubernamentales, mutuas protecciones y favores, a los que se suman fueros
y privilegios castrenses para sostener una guerra contra los sectores más
desposeídos de la sociedad mexicana.
Esta profunda crisis nacional está siendo
agravada por el acelerado deterioro de las necesarias políticas soberanas, particularmente
relacionadas con el vecino imperial del norte.
Tanto en lo político como en lo
económico, la pérdida de la soberanía ha sido —en las últimas décadas— uno de
los factores determinantes de esta catástrofe, que no guarda comparación con
ninguna otra en este país, desde la Revolución iniciada en 1910.
Un capítulo especial en este proceso de
descomposición, le cabe al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, más conocido como
el NAFTA por su sigla en inglés. Este tratado trilateral (México, los Estados
Unidos y Canadá) que promueve el “libre comercio”, la “competencia leal”, las
inversiones y la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre
otras cuestiones; al ignorar las asimetrías entre los tres países, somete a
México a una feroz desestructuración de su economía, con los desastrosos
resultados del presente.
Que las exploraciones y explotaciones
mineras y petroleras de compañías privadas nacionales y extranjeras, sean
prioritarias respecto de cualquier otro uso de la tierra es consecuencia del NAFTA. Todo ello —y mucho
más— con el respaldo del poder político, hoy encabezado por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y ayer por el Partido Acción Nacional (PAN).
En un excelente artículo del
intelectual mexicano Fernando Buen Abad Domínguez, titulado “Los votos están
teñidos con sangre”, dedicado a las elecciones de mañana domingo, se señala
textualmente:
“Esta vez todos los votos que se
acopien en el proceso electoral del 7 de junio tendrán que ver, lo quiera o no
el Gobierno, con Ayotzinapa y con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
México con 130.000 asesinados; con 300.000 desplazados, con Ayotzinapa
ensangrentada… clama Justicia y castigo para regresar vivos a los que vivos se
llevaron. Las elecciones no pueden ser un episodio de escapismo para nadie.
Está en pie un pueblo que, ahogado en desconfianzas y dolores, está clamando
por el cambio con los campesinos, con los obreros y con los estudiantes… con
las mujeres y con los hombres que sienten que su lucha es una sola.
“El proceso electoral, históricamente, ha
sido objeto de todo género de desfiguraciones y ataques. Ha sido, incluso,
deformado con todo tipo de espejismos y confusiones por la mano de la
corrupción y la represión selectiva. Hoy en México las elecciones están
impregnadas con el juego de los intereses burgueses más terribles, penetradas
por el neoliberalismo y sus mandatos desde Washington en el PRI, el PAN, el PRD
y el Partido Verde sirvientes todos del monopolio mediático de TELEVISA (el
equivalente a Clarín, decimos nosotros). Ya nada los ruboriza. «México, tercer
sitio en muertes por actos violentos».
“Ante «nuestras narices»ۚ circula la obra
macabra del «Crimen Organizado». Industria capitalista que se pasea oronda y
triunfalista, dueña de sí y dueña del mundo. Sale en la «tele» vestida con su
traje de horrores y galas de impunidad e impudicia. Sale altanera y
atemorizante. Sale prepotente e invencible. Se mete a las casas, a los estados
del ánimo y a los sueños. Se vuelve aspiración y se vuelve alternativa única
para muchos que no ven caminos, que no tienen otro camino para salir de lodazal
de miseria, explotación y humillación a que nos ha sometido el capitalismo.
“Pero las elecciones del 7 de junio
también están tocadas por el plan de lucha que emana de
Ayotzinapa, de los estudiantes normalistas y de los padres de los muchachos «desaparecidos».
Ellos son una fuerza revolucionaria que se expresará activamente incluso con los
votos de todos aquellos que sienten, con dolor y rabia, que las elecciones de
junio no son una panacea. Aun así ronda en las cabezas y los corazones la idea
de contribuir a limpiar el terreno con un acuerdo de las bases, de toda las
bases, democráticas y sinceras que exigen la renovación radical de las
dirigencias en todas las instituciones y organizaciones políticas,
gubernamentales y judiciales. Sin ilusiones anestésicas ni ingenuidad”.
Estas elecciones —ahora decimos nosotros—
están marcadas por numerosos asesinatos de candidatos y militantes partidarios,
por la compra de votos (como aconteció con las elecciones que ganó Peña Nieto),
por el regalo de diez millones televisores. Estas elecciones, en medio de una
democracia con enfermedad terminal, a toda costa tienen que ser ganadas por la
derecha neoliberal instalada en el gobierno y —en cierta medida— también por
los partidos socios del oficialismo en esta tarea sucia de entregar la
soberanía nacional y profundizar la guerra contra los pobres.
“Tienen que ser ganadas” porque es mucho
lo que se juega en estos comicios. Peña Nieto necesita mayoría en el Congreso
para aprobar una reforma presupuestaria en respuesta a la caída internacional
del precio del crudo, y para relanzar sus propuestas de seguridad, actualmente
estancadas. La mayoría en el Congreso también le permitiría a su partido
controlar la letra chica de un nuevo sistema anticorrupción, que en su momento
apoyó a regañadientes.
Como dijera el dictador Porfirio Díaz…
“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”.
El domingo 7 de junio, concurrió a votar
el 47 por ciento del padrón electoral y la fuerza que más sufragios obtuvo fue el
oficialista Partido Revolucionario Instutucional. Apatía y compra de votos, un
capítulo más en la triste historia de la hermana República.
