ELECCIONES EN GUATEMALA • CRISIS EN LA FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA

Por Miguel Angel Ferrari
miguelferrari@gmail.com

En estos precisos momentos se están llevando a cabo —en medio de una severa crisis institucional— elecciones generales en la República de Guatemala.
En este país centroamericano, por primera vez se realizaron elecciones democráticas en 1944 luego de la Revolución Popular, cívico-militar, que estalló ese mismo año. En la oportunidad fue elegido presidente Juan José Arévalo, portador de un programa de gobierno de carácter nacional y progresista.


“Con los Ojos del Sur”, columna de opinión emitida el domingo 6 de setiembre de 2015.


Su sucesor Jacobo Árbenz Guzmán, profundizó las medidas de carácter popular enfrentando a los grandes grupos económicos, especialmente de carácter transnacional, cuyo principal representante en el país era la United Fruit Company. Esa misma empresa que —en 1954— apeló al gobierno estadounidense para, con la ayuda de la CIA, poner fin mediante un golpe de Estado a este proceso emancipador, anterior a la Revolución Cubana.

Luego del golpe de Estado, se encaramó en el poder un títere del imperio: el general Carlos Albero Castillo Armas, asesinado tres años después por un soldado de la custodia del Palacio Presidencial.

En los años sesenta comienza un turbulento proceso político, signado por golpes militares; gobiernos ilegítimos; surgimiento de la insurgencia popular; brutales masacres hacia los pueblos originarios y las mayorías populares, perpetradas por las fuerzas armadas y grupos paramilitares apoyados por Washington; y decenas de miles de desaparecidos.

Tras tres décadas de muerte y miseria neoliberal, se abre un proceso de pacificación entre el gobierno de Guatemala, de carácter reaccionario, y la guerrilla agrupada en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Es en este momento en que cobra relevancia la gestión mediadora del Obispo Metodista Federico Pagura.

Sí, a nuestro amigo —incansable luchador por la justicia y los Derechos Humanos, que vive en la zona sur de nuestra ciudad de Rosario— le cupo tan importante rol, junto a otros dignatarios, en este proceso de paz que abrió las puertas a una nueva etapa en ese hermano país.

Llegó la paz, pero los gobiernos que se fueron sucediendo en ningún momento se propusieron recortar el poder de las clases dominantes, que habían perpetrado tantas masacres.

Esta situación llegó hasta el día de hoy, en que el presidente Otto Pérez Molina —connotado derechista— debió apartarse de sus fueros y abandonar el gobierno para ir a parar a la cárcel, bajo severos cargos de corrupción. La vicepresidenta, desde hace algún tiempo, también se encuentra en prisión por las mismas razones que Pérez Molina.

Las elecciones de hoy se realizan con un gobernante provisorio, el presidente Alejandro Maldonado, quien entregará el mando —el próximo 14 de enero— al candidato que emerja de esta compulsa electoral.

El empresario derechista Manuel Baldizón, la socialdemócrata Sandra Torres y el comediante Jimmy Morales aparecen como los aspirantes mejor posicionados para la compulsa, en la que, además de presidente y vice, se elegirán 158 diputados para el Congreso nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano, además de 338 corporaciones municipales para el período 2016-2020. La ley guatemalteca obliga a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados si ninguno de los postulantes alcanza la mitad más uno de los votos, y en este caso el balotaje está previsto para el 25 de octubre. En la historia del país, hubo balotaje en todos los comicios presidenciales.

Otro tema latinoamericano, que en los últimos días ha ocupado la atención de la opinión pública del continente, es la situación fronteriza entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.

El presidente Nicolás Maduro ordenó el 19 de agosto el cierre de un tramo de la frontera colombo-venezolana, entre el venezolano estado de Táchira y el colombiano departamento Norte de Santander.

Esta drástica medida fue adoptada luego de que se tuviera conocimiento de una emboscada, realizada por desconocidos que dejó heridos a tres militares y un civil en territorio venezolano. El presidente Maduro habló explícitamente de la presencia de paramilitares colombianos en suelo de Venezuela y del accionar de contrabandistas de esa nacionalidad en el estado de Táchira.

Inmediatamente el gobierno de Colombia denunció ante la OEA estas medidas, caracterizándolas como violatorias de los derechos humanos, por las supuestas deportaciones indiscriminadas de ciudadanos colombianos residentes en Venezuela.

En estos momentos los cancilleres argentino y brasileño, Héctor Timerman y Mauro Vieira respectivamente, se encuentran en la región ofreciendo sus buenos oficios entre los dos países en conflicto.

Andrés Gil, vocero nacional del movimiento colombiano Marcha Patriótica, en un artículo titulado “¿Y si Maduro tiene razón?” señala que “la mayor parte de los medios colombianos enfocados en el drama humanitario de nuestros compatriotas deportados, poco o ningún espacio le han dedicado al muy complejo problema fronterizo, reduciendo esta crisis a que todo se trata de una estratagema de Maduro para subir puntos de popularidad.

“En el Táchira, departamento fronterizo con Colombia —prosigue Andrés Gil—, circulan 160.000 vehículos pero… ¡ahí se consume más gasolina que en Caracas!... Un millón diario de galones de gasolina salen de Venezuela hacia Colombia, ¿pueden creerlo? ¿Y quiénes se nutren del meganegocio de traer clandestinamente gasolina a 200 pesos colombianos el galón (la más barata del mundo) a Cúcuta donde el galón vale de 4.000 a 5.000 pesos colombianos?

“¿Los pimpineros? (vendedores informales de nafta). No, hablamos de un negocio más rentable que el mismo narcotráfico y que obviamente controlan las mafias que el gobierno llama bacrim, es decir, bandas paramilitares.

“Pero el contrabando de gasolina es apenas un problema. Táchira posee el 4,5 por ciento de la población venezolana pero «consume» el 8,5 por ciento del total de alimentos de este país; es decir, prácticamente la mitad de lo que llega a esta región sigue derecho hacia Colombia como contrabando, hagan cuentas: mientras un litro de leche subsidiado por el Estado Bolivariano cuesta 200 bolívares, en Colombia lo venden a 14 mil bolívares”.

Más adelante el vocero colombiano de Marcha Patriótica denuncia “en Colombia dicen que en Venezuela la gente se muere de hambre y que le toca hacer colas para mercar. ¿Y este país subsidia productos básicos a su población? ¿Alguien me puede explicar esto? Pues en Colombia los medios deberían decir que (hasta donde sé) en Venezuela no se están muriendo niños por desnutrición como en La Guajira, el Vaupés o el Chocó (regiones de Colombia)”.

En Venzuela —ahora decimos nosotros— viven entre cinco y seis millones de colombianos que gozan de los mismos subsidios que los ciudadanos venezolanos, de la misma atención gratuita de la salud, de la educación también gratuita y de calidad, de la posibilidad de obtener viviendas dignas con los planes del Estado, para solo mencionar algunos de los derechos adquiridos por el pueblo venezolano durante la Revolución Bolivariana.

Este conflicto debe ser desactivado, su escalada solo beneficia a los enemigos de la Patria Grande, especialmente a los grupos narco-fascistas encabezados por el ex presidente colombiano Alvaro Uribe Vélez.

Suena —por lo menos hipócrita— que el gobierno colombiano pretenda erigirse en defensor de los derechos humanos de sus ciudadanos, sin ejercer una profunda autocrítica respecto de las actitudes de los anteriores gobiernos de su país y del suyo propio: crímenes de lesa humanidad y miseria neoliberal incluidos.