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En estos precisos momentos se están llevando a cabo
—en medio de una severa crisis institucional— elecciones generales en la República de Guatemala.
En este país centroamericano, por primera vez se
realizaron elecciones democráticas en 1944 luego de la Revolución Popular ,
cívico-militar, que estalló ese mismo año. En la oportunidad fue elegido
presidente Juan José Arévalo, portador de un programa de gobierno de carácter
nacional y progresista.
“Con los Ojos
del Sur”, columna de opinión emitida el domingo 6 de setiembre de 2015.
Su sucesor Jacobo Árbenz Guzmán, profundizó las
medidas de carácter popular enfrentando a los grandes grupos económicos,
especialmente de carácter transnacional, cuyo principal representante en el
país era la United Fruit
Company. Esa misma empresa que —en 1954— apeló al gobierno estadounidense para,
con la ayuda de la CIA ,
poner fin mediante un golpe de Estado a este proceso emancipador, anterior a la Revolución Cubana.
Luego del golpe de Estado, se encaramó en el poder un
títere del imperio: el general Carlos Albero Castillo Armas, asesinado tres
años después por un soldado de la custodia del Palacio Presidencial.
En los años sesenta comienza un turbulento proceso
político, signado por golpes militares; gobiernos ilegítimos; surgimiento de la
insurgencia popular; brutales masacres hacia los pueblos originarios y las
mayorías populares, perpetradas por las fuerzas armadas y grupos paramilitares
apoyados por Washington; y decenas de miles de desaparecidos.
Tras tres décadas de muerte y miseria neoliberal, se
abre un proceso de pacificación entre el gobierno de Guatemala, de carácter
reaccionario, y la guerrilla agrupada en la Unión Revolucionaria
Nacional Guatemalteca. Es en este momento en que cobra relevancia la gestión
mediadora del Obispo Metodista Federico Pagura.
Sí, a nuestro amigo —incansable luchador por la
justicia y los Derechos Humanos, que vive en la zona sur de nuestra ciudad de
Rosario— le cupo tan importante rol, junto a otros dignatarios, en este proceso
de paz que abrió las puertas a una nueva etapa en ese hermano país.
Llegó la paz, pero los gobiernos que se fueron
sucediendo en ningún momento se propusieron recortar el poder de las clases
dominantes, que habían perpetrado tantas masacres.
Esta situación llegó hasta el día de hoy, en que el
presidente Otto Pérez Molina —connotado derechista— debió apartarse de sus
fueros y abandonar el gobierno para ir a parar a la cárcel, bajo severos cargos
de corrupción. La vicepresidenta, desde hace algún tiempo, también se encuentra
en prisión por las mismas razones que Pérez Molina.
Las elecciones de hoy se realizan con un gobernante
provisorio, el presidente Alejandro Maldonado, quien entregará el mando —el próximo
14 de enero— al candidato que emerja de esta compulsa electoral.
El
empresario derechista Manuel Baldizón, la socialdemócrata Sandra Torres y el
comediante Jimmy Morales aparecen como los aspirantes mejor posicionados para
la compulsa, en la que, además de presidente y vice, se elegirán 158 diputados
para el Congreso nacional y 20 para el Parlamento Centroamericano, además de
338 corporaciones municipales para el período 2016-2020. La ley guatemalteca
obliga a una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados si ninguno de
los postulantes alcanza la mitad más uno de los votos, y en este caso el
balotaje está previsto para el 25 de octubre. En la historia del país, hubo
balotaje en todos los comicios presidenciales.
Otro
tema latinoamericano, que en los últimos días ha ocupado la atención de la
opinión pública del continente, es la situación fronteriza entre la República de Colombia y la República Bolivariana
de Venezuela.
El
presidente Nicolás Maduro ordenó el 19 de agosto el cierre de un tramo de la
frontera colombo-venezolana, entre el venezolano estado de Táchira y el colombiano
departamento Norte de Santander.
Esta
drástica medida fue adoptada luego de que se tuviera conocimiento de una emboscada, realizada por
desconocidos que dejó heridos a tres militares y un civil en territorio venezolano. El presidente Maduro habló
explícitamente de la presencia de paramilitares colombianos en suelo de
Venezuela y del accionar de contrabandistas de esa nacionalidad en el estado de
Táchira.
Inmediatamente el gobierno de Colombia
denunció ante la OEA
estas medidas, caracterizándolas como violatorias de los derechos humanos, por
las supuestas deportaciones indiscriminadas de ciudadanos colombianos
residentes en Venezuela.
En estos momentos los cancilleres argentino
y brasileño, Héctor Timerman y Mauro Vieira respectivamente, se encuentran en
la región ofreciendo sus buenos oficios entre los dos países en conflicto.
Andrés Gil, vocero
nacional del movimiento colombiano Marcha Patriótica, en un artículo titulado “¿Y si Maduro tiene razón?” señala que “la
mayor parte de los medios colombianos enfocados en el drama humanitario de
nuestros compatriotas deportados, poco o ningún espacio le han dedicado al muy
complejo problema fronterizo, reduciendo esta crisis a que todo se trata de una
estratagema de Maduro para subir puntos de popularidad.
“En el Táchira,
departamento fronterizo con Colombia —prosigue Andrés Gil—, circulan 160.000
vehículos pero… ¡ahí se consume más gasolina que en Caracas!... Un millón
diario de galones de gasolina salen de Venezuela hacia Colombia, ¿pueden
creerlo? ¿Y quiénes se nutren del meganegocio de traer clandestinamente
gasolina a 200 pesos colombianos el galón (la más barata del mundo) a Cúcuta
donde el galón vale de 4.000
a 5.000 pesos colombianos?
“¿Los pimpineros?
(vendedores informales de nafta). No, hablamos de un negocio más rentable que
el mismo narcotráfico y que obviamente controlan las mafias que el gobierno
llama bacrim, es decir, bandas paramilitares.
“Pero el contrabando de
gasolina es apenas un problema. Táchira posee el 4,5 por ciento de la población
venezolana pero «consume» el 8,5 por ciento del total de alimentos de este
país; es decir, prácticamente la mitad de lo que llega a esta región sigue
derecho hacia Colombia como contrabando, hagan cuentas: mientras un litro de
leche subsidiado por el Estado Bolivariano cuesta 200 bolívares, en Colombia lo
venden a 14 mil bolívares”.
Más adelante el vocero
colombiano de Marcha Patriótica denuncia “en Colombia dicen que en Venezuela la
gente se muere de hambre y que le toca hacer colas para mercar. ¿Y este país
subsidia productos básicos a su población? ¿Alguien me puede explicar esto?
Pues en Colombia los medios deberían decir que (hasta donde sé) en Venezuela no
se están muriendo niños por desnutrición como en La Guajira , el Vaupés o el
Chocó (regiones de Colombia)”.
En Venzuela —ahora
decimos nosotros— viven entre cinco y seis millones de colombianos que gozan de
los mismos subsidios que los ciudadanos venezolanos, de la misma atención gratuita
de la salud, de la educación también gratuita y de calidad, de la posibilidad
de obtener viviendas dignas con los planes del Estado, para solo mencionar
algunos de los derechos adquiridos por el pueblo venezolano durante la Revolución
Bolivariana.
Este conflicto debe ser
desactivado, su escalada solo beneficia a los enemigos de la Patria Grande , especialmente a
los grupos narco-fascistas encabezados por el ex presidente colombiano Alvaro
Uribe Vélez.
Suena —por lo menos
hipócrita— que el gobierno colombiano pretenda erigirse en defensor de los
derechos humanos de sus ciudadanos, sin ejercer una profunda autocrítica
respecto de las actitudes de los anteriores gobiernos de su país y del suyo
propio: crímenes de lesa humanidad y miseria neoliberal incluidos.