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Cada vez que el presidente Mauricio Macri se instalaba en su despacho de
Felizmente por
consejos de su “maestra”, se procedió a “limpiar” el espacio con diversas
técnicas “algunas religiosas y otras no” —según informó el diario “Clarín”— y
felizmente el primer magistrado ya no debe soportar esas molestas migrañas.
“Política
Nacional”, columna de opinión emitida en “Hipótesis” el sábado 30 de enero de
2016.
También se
procedió del mismo modo en la quinta de Olivos, donde por suerte se eliminaron
esos efluvios tan molestos.
Ahora el dolor
de cabeza lo padecen los trabajadores despedidos y los que temen correr la
misma suerte que sus compañeros.
Una suerte de
“Despidómetro” elaborado por nuestra producción, da cuenta de estas cifras
provisorias, dado que los despidos se suceden de manera vertiginosa:

























Ayer hubo
numerosas marchas y “ñoquiadas” (los ñoquis del 29) para repudiar estos
despidos.
Como hemos dicho
en nuestros comentarios anteriores, que entre tantos despedidos haya quienes no
cumplen con sus tareas, bajo ningún punto de vista es un motivo para blanquear
esta oleada de cesantías.
Un gobierno
responsable debería tratar cada caso en particular.
Si bien este
tema de los despidos se constituye en uno de los problemas más acuciantes, por
la problemática individual y social que ello implica, esta verdadera catarata
de medidas antipopulares, antinacionales y antidemocráticas sigue destruyendo
de manera sistemática todo lo construido en los últimos tiempos.
En un gesto de
agradecimiento por esta demolición, dirigentes
de la Asociación
Empresaria Argentina, entre quienes destacaba Héctor
Magnetto, mantuvieron el pasado miércoles una reunión con el jefe de
Gabinete, Marcos Peña, con el objeto de analizar la situación del país y
"trabajar de manera conjunta".
En la Casa de Gobierno estuvieron
también los ministros de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y de
Producción, Francisco Cabrera, así como el secretario de
Comercio, Miguel Braun, y el Secretario de Coordinación de Políticas
Públicas, Gustavo Lopetegui.
Magnetto,
por su parte, estuvo acompañado por Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint),
Carlos Miguens (Grupo Miguens), Aldo Roggio (Grupo Roggio), José Cartellone
(Construcciones Civiles) y Cristiano Rattazzi (Fiat), entre otros.
A comienzos de semana, en la misma sintonía que —en
su momento— los diarios La
Nación y El Litoral, el ministro de Cultura porteño, Darío
Lopérfido, en un encuentro en Pinamar, donde habló sobre los procesos de
violencia política, trató de relativizar el genocidio cometido en el país por
la dictadura cívico-militar. Manifestó “en la Argentina no hubo 30.000
desaparecidos" y deslizó la versión de que "ese número se arregló en
una mesa".
(audio
Lopérfido)
La perfidia del funcionario del Pro consiste en poner
en tela de juicio —de modo banal— el accionar de la Justicia respecto de los
responsables del terrorismo de Estado en la Argentina.
A este brulote —del que se despegó rápidamente el ministro de
Justicia, Germán Garavano— le salieron al cruce referentes de los organismos de
Derechos Humanos encabezados por la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela de Carlotto, que extendieron su malestar al presidente Mauricio Macri,
por su decisión de no recibir a las organizaciones de derechos humanos y
derivar un pedido de audiencia a su jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Por su parte, el ministro del
Interior, Rogelio Frigerio, adelantó que el Ejecutivo firmará un "decreto
corrector" del que aumentó en un 170 por ciento los fondos de
coparticipación para el gobierno porteño con el objetivo de que "se
transfiera estrictamente el costo del traspaso de la Policía Federal".
El decreto que hace una semana aumentó de 1,4 a 3,7 por ciento los
fondos coparticipables para la
Ciudad de Buenos Aires fue el detonante de una reunión entre
los gobernadores del Frente para la
Victoria el sábado pasado en San Juan.
Hasta aquí, dos lecturas.
Una, este gobierno va por todo hasta que se encuentra con
escollos. En esos casos, algunas veces suele retroceder.
La otra, tiene que ver con la naturalidad que los gobernantes le
atribuyen al “costo del traspaso de