Abogado-
Docente Universitario UNR
Presidente
de la Asociación
de Abogados Laboralistas de Rosario
-------
El gobierno de
“Cambiemos” inició su mandato con una sucesión de decretos simples y de
necesidad y urgencia, despidos masivos en el Estado y su correlato en la actividad
privada, una feroz devaluación, la apertura de las importaciones, una nueva
política exterior, la anulación de la ley de medios audiovisuales.
Estas
medidas se llevaron a cabo por decretos simples o de necesidad y urgencia, sin
llamar a sesiones extraordinarias del Congreso.
Hay
situaciones políticas que dan cuenta de cambios que conmueven los cimientos del
orden democrático. En nuestro país, durante casi todo el siglo XX y comienzos
del presente, ya fuere a través de los golpes de Estado (1930, 1955, 1966 y
1976) como del quiebre de varios mandatos constitucionales (1989 y 2001), se
crean situaciones que afectan la llamada “gobernabilidad”, y la clase dominante
apela a las herramientas necesarias para contrarrestar el avance social y
político de la fuerza de masas de los desposeídos, en la mayor parte de los
casos violando su propia institucionalidad.
Tal es la
situación por la que atravesamos desde el 10/12/15, en el que asume el gobierno
el Ing. Mauricio Macri, a través de una modalidad claramente irregular.
Recordemos que la presidenta saliente ni siquiera pudo transmitir el mando al
presidente elegido, ya que se produjo su destitución unas pocas horas antes de
la transmisión del mando mediante una sentencia de la Dra. Servini de
Cubría, que a través de una absurda interpretación del texto legal, hizo posible la presidencia interina de
Federico Pinedo. Fue un verdadero golpe de estado judicial. Compartimos la
opinión de que tal hecho –sin precedentes en la historia constitucional de
nuestro país- fue una “demostración de
fuerza del poder real que establecía de ese modo un precedente importante, en
realidad el primer paso del nuevo régimen” [1]
El nuevo
régimen inicia velozmente la reestructuración económica por la que venían
bregando los grupos económicos y el capital financiero. Contrariando el ciclo
económico internacional adverso que exigía priorizar el mercado interno, las
medidas económicas emprendidas por el gobierno apuntan desde un principio al
achicamiento del mismo mediante la rebaja salarial y de las jubilaciones, una
megadevaluación, la eliminación y reducción de las retenciones a las
exportaciones cerealeras y mineras, la liberalización de las importaciones y un
colosal aumento de tarifas de los servicios públicos. Ello determina una enorme
transferencia de recursos hacia los grupos económicos más concentrados del
capital financiero y exportadores agrarios.
Los
trabajadores habían tenido la posibilidad de reconquistar derechos colectivos e
individuales en virtud de la política de un gobierno popular, sin que existiera
un programa de sus direcciones sindicales para avanzar en tal sentido y mucho
menos para ir más allá de lo obtenido. Las fuerzas populares venían de más de
una década de destrucción de la economía nacional, de una desocupación del 25
%, producto de la política neoliberal de los 90. La resistencia contra el neoliberalismo
no había generado un nuevo sujeto político, un frente o bloque que hubiere
podido transformar la sociedad, ordenando los reclamos, los objetivos trazados
por las fuerzas sociales que habían protagonizado dicha resistencia. El
kirchnerismo había ocupado dicho espacio y encabezado un nuevo proceso de
transformaciones económicas, sociales y políticas.
El nuevo régimen se funda en las mismas
recetas económicas seguidas por la dictadura cívico-militar de 1976-1983, el
menemismo y su continuidad aliancista: “achicar el Estado para agrandar la Nación ”; “volver a los
mercados” (y a los organismos de crédito internacionales como el FMI y el Banco
Mundial) endeudarnos compulsivamente aunque no sea necesario, liberar las
fuerzas productivas esclavizando a los trabajadores por el temor al despido.
De allí la
neutralización del Congreso, la tentativa de legitimar todos los actos mediante
la instrumentación de una nueva Corte Suprema adicta con dos miembros
designados por simple decreto “en comisión” y sin acuerdo del Senado, que
fueron luego legitimados por el mismo; el uso abusivo de los decretos de
necesidad y urgencia –que se han transformado en Decretos Leyes-; los
Ministerios entregados a los CEOs de las grandes empresas, el retorno al
endeudamiento, la decisión de pagar a los fondos buitre con un interés del
1.000 %, asumiendo el riesgo de que caiga toda la reestructuración de la deuda
externa que realizaran Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner con una
quita del 65 %.
Este cambio
de régimen se ha logrado sin borrar las apariencias representativas
parlamentarias, prácticamente sin obstáculo alguno, sustituyéndolas por el
imperio del Poder Ejecutivo gobernando por decretos de necesidad y urgencia o
por decretos simples con los que se ha llegado a modificar leyes de la Nación , o vetando las leyes
dictadas por el Congreso que no fueran favorables a los intereses del capital
concentrado a los que sirve, como ocurriera con la ley anti-despidos.
El gobierno
ha mantenido intacto el aparato del Estado,
fortaleciendo su rol represivo desde el inicio a través de la
declaración del estado de emergencia en seguridad, sin que exista la menor posibilidad de que este desborde pueda
ser impedido a través de la
Justicia. Este estado de emergencia en seguridad encubre –con
el pretexto de lucha contra el narcotráfico- la adquisición sin licitación
alguna de armas y equipos en EE UU e Israel destinados a la represión de las organizaciones
sociales, aprobación de nuevos protocolos represivos de carácter secreto, y la
actividad de los servicios de inteligencia redireccionada hacia el “enemigo
interno”, en el marco de una renovada doctrina de la seguridad nacional
desplegada por el imperialismo norteamericano y europeo.
No es cierto que esta declaración de emergencia en materia de seguridad esté destinada
a “combatir el narcotráfico”. Si así fuera, el gobierno se preocuparía por el lavado del dinero del
mismo, que se realiza a través de los bancos. No hubiera designado al frente de la UIF a una
abogada del HSBC y un ex empleado del FMI y también defensor de entidades financieras que
han litigado en el CIADI contra el Estado nacional, y que llegaron a calificar públicamente el
papel de control de la UIF sobre los bancos como “represivo” y “politizado”. Si estuviera
interesado en combatir el narcotráfico, el Presidente del Banco Central Sturzenegger no habría
despedido empleados cuyo trabajo consiste en hacer efectivo el control que el BCRA tiene que
tener sobre la actividad financiera, para proteger al usuario, defender los intereses nacionales,
auxiliar a la Justicia con la información necesaria sobre los delitos que se han cometido o
cometen en el sistema, en la actualidad y en el pasado por parte del crimen organizado con
graves perjuicios para toda la sociedad.
El hecho de que el Congreso esté en pleno funcionamiento no significa un cambio sustancial.
La iniciativa política corre por cuenta del Poder Ejecutivo, como ha ocurrido con respecto al
acuerdo con los “fondos buitre”, que ha sido presentado casi como un hecho consumado y con
aceptación de la extorsión de un juez extranjero con el objeto de que se deroguen las leyes
cerrojo y de pago soberano.
La votación
del acuerdo, la anulación de todo tipo de controles sobre las prácticas
monopólicas de las grandes empresas, los despidos masivos en el Estado y el
sector privado, la persecución política e ideológica, definen un cambio de
régimen político.
El bloque
político-económico está hegemonizado por el capital financiero internacional,
con una participación secundaria de la gran burguesía industrial y
terrateniente, y avanza en la concreción de sus objetivos.
Podemos
sostener en consecuencia que nos hallamos frente a un estado de excepción. El
Congreso está jugando un rol de convalidación y respaldo de las decisiones del
Poder Ejecutivo, y lo que es más grave, sectores de la oposición han apoyado la
más grave de las medidas: el acuerdo con los fondos buitre, que abre la puerta
a un nuevo ciclo de endeudamiento del país y al sometimiento al capital
financiero y los organismos de créditos internacionales (FMI, Banco Mundial), y
al alineamiento político internacional con el imperialismo norteamericano.
Hay una
confluencia de intereses internos y extranjeros sincronizados para sojuzgar a
nuestro país, que –luego de ganar las elecciones de noviembre de 2015- han
logrado dos grandes victorias parlamentarias: el acuerdo con los fondos buitre
y el respaldo a la anulación por decreto de la ley de medios audiovisuales.
El
descubrimiento de que el presidente tiene cuentas off shore, sumada a la
decisión de acordar con los fondos buitre, no hacen más que confirmar la
conducta habitual de los grupos económicos que fugan divisas en todo el mundo.
Los
numerosos escándalos protagonizados por el presidente y la mayor parte de sus
ministros: Panama Papers, Correo, Avianca, etc no sólo ponen en evidencia el
carácter de clase del gobierno, sino el carácter mafioso de la lumpenburguesía
que lo domina; protegidos por el doble rasero con que los medios hegemónicos y
un sector dominante de la Justicia Federal enfocan el tema de la corrupción. Se
parte de la falacia de que el elemento “corruptor” es la política y no la
economía capitalista y sus beneficiarios.
Sostenemos –por el contrario- que los que corrompen el
Estado y la política son los grupos económicos dominantes, responsables del
caos económico mundial y de la decadencia moral, los beneficiarios de la crisis
del capitalismo que empobrece a los pueblos, que provoca las guerras, la
destrucción de naciones soberanas y la más grave crisis humanitaria: la de los
refugiados.
Y cuando el poder de las
corporaciones se traslada mecánicamente al manejo del Estado –como ocurre
actualmente en la Argentina- la corrupción propia de las mismas se reproduce
sin mediaciones en el interior del Estado.
Se
reemplaza la política por la “gestión”, el conflicto y el debate democrático de
las ideas por la “administración”; y la dirección política del gobierno por el
más crudo autoritarismo.
En tal sentido
compartimos lo que sostienen los juristas vascos De la Fuente
Lavín y Hernández Zubizarreta: “Las
políticas neoliberales sustituyen a la ciudadanía por consumidores, a la ley
por el contrato, a la lógica legislativa por la lógica contractual, al Derecho
Público por normas privadas, a la superioridad de los poderes ejecutivos sobre
los legislativos, a las regulaciones laborales y derechos sociales por
privatizaciones y desregulaciones, a la democracia representativa por disputas
electorales y al Estado de Derecho por Estados al servicio de las empresas
transnacionales. El binomio democracia- desarrollo humano está siendo
sustituido por elecciones formales- mercado”[2]
Esta desnaturalización
del sistema republicano lleva al autoritarismo neofascista, ya que éste se
caracteriza por la inexistencia de mediaciones entre el poder económico y el
poder político, reforzando el dominio total del capital más concentrado sobre
los trabajadores y sectores populares.
Las
instituciones del Estado han quedado reducidas a un solo poder real: el
Ejecutivo, que domina de hecho al Congreso, al que se le adjudica el rol de
legitimar los cambios políticos, económicos y sociales regresivos, con la
complicidad, inacción o inocuidad del Poder Judicial.
Es el sistema democrático el que
está en peligro cuando es el poder económico –en ejercicio del poder político,
sin mediaciones- el que impone las reglas, la dirección fundamental, los
objetivos centrales, con la apariencia o ficción de que estas decisiones
estarían respaldadas por la voluntad mayoritaria del pueblo expresada hace
dieciséis meses en una elección presidencial.
Este
desequilibrio en perjuicio de los sectores populares sólo puede ser
contrarrestado a partir de la acción de masas en las calles y plazas de nuestro
país.
El paro y
movilización docente del 6, la imponente marcha convocada por la CGT el 7, y el
paro y movilización de las mujeres del 8 de Marzo muestran un punto de
inflexión y un crecimiento del nivel de conciencia y capacidad organizativa de
los trabajadores y el pueblo argentino. En el plano sindical no sólo se han
rebasado los fines de la marcha, convocada por la jerarquía sindical
pro-empresaria para descomprimir la agudización del conflicto social. Las masas
han puesto al descubierto el papel conciliador jugado por el triunvirato
Daer-Acuña-Schmidt durante más de un año, que hicieron posible que la enorme transferencia de ingresos desde el
sector del trabajo a los capitales más concentrados, los despidos masivos tanto
en el sector público como en las empresas privadas y demás medidas
antipopulares pudieran ser concretadas sin mayores obstáculos por el gobierno.
Ante la negativa de los triunviros de fijar ese mismo día la fecha de la huelga
nacional –motivo principal de la movilización- Daer-Acuña-Schmidt- fueron
repudiados y desalojados por los trabajadores.
Ese mismo pueblo que fue utilizado como mero “cuerpo electoral” para elegir a sus verdugos - única existencia que le reconoce la clase dominante- se ha puesto de pie y ha comenzado a recuperar su protagonismo en la lucha social y política, para defender sus derechos económicos y sociales, las libertades democráticas amenazadas por este régimen de excepción, y avanzar hacia la conformación de un bloque político-social de la resistencia.
Ese mismo pueblo que fue utilizado como mero “cuerpo electoral” para elegir a sus verdugos - única existencia que le reconoce la clase dominante- se ha puesto de pie y ha comenzado a recuperar su protagonismo en la lucha social y política, para defender sus derechos económicos y sociales, las libertades democráticas amenazadas por este régimen de excepción, y avanzar hacia la conformación de un bloque político-social de la resistencia.
[1] Beinstein, Jorge, “Argentina oscilando entre la crisis de
gobernabilidad y la dictadura mafiosa”, ALAI- amlatina, 22/12/2015.
[2] Mikel
de la Fuente Lavín y Juan Hernández Zubizarreta, “El control de las empresas
transnacionales: una propuesta normativa desde la acción social y sindical”,
Revista de Derecho Social Nº 46, Albacete, España, p. 33.
