COMUNICADO DE LA RED DE MUJERES PARA LA JUSTICIA


La comisión directiva de la red Mujeres para la Justicia, ha considerado necesario manifestar y reiterar públicamente su opinión en relación al caso de una niña de 11 años, víctima de violación, a quien se le detectó una embarazo en el contexto de una internación por autolesiones. Al respecto debe remarcarse que resultaría inconcebible que en sucesos tan graves como el que se conociera recientemente, las autoridades y o servicios pudieran con subterfugios administrativos omitir la adecuada y exigida respuesta que un caso de esa naturaleza requiere. Siendo particularmente grave y constitutivo de nuevas violencias desoír la voluntad de una niña expresando querer interrumpir la gestación. En tales casos toda medida obstructiva por parte de cualquier servicio del estado para impedir se practique la ILE sobre el cuerpo de una niña, tiene la entidad de nuevo acto de violencia. Recordamos que : La Corte Suprema de la Nación Argentina ha establecido los lineamientos de una política pública de salud con enfoque de derechos que Establece tres principios fundamentales y una estrategia de intervención: • No se deben judicializar los abortos permitidos por la ley. • No se debe exigir la intervención de más de un profesional: la Corte sostiene que requerir consultas con otros profesionales o dictámenes constituye un proceso burocrático dilatorio, que representa un supuesto de violencia institucional prohibido no solo por la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, sino también por la Ley Nacional 26485 de protección integral contra todas las formas de violencia. • El estado tiene la obligación de generar las condiciones médicas adecuadas para llevarlo a cabo. • Se exhorta a las autoridades nacionales y provinciales para que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar este derecho. Por todo lo antes expuesto, debe repudiarse que a través de una innecesaria judicialización se someta a un nuevo ultraje, exponiendo socialmente a las niñas y sus familias, cuando esas situaciones deben ser atendidas reservadamente y sin trámite estigmatizante. Por lo que también repudiamos las medidas lesivas que impiden a las niñas recobrar con celeridad y respeto su infancia. Resultando inaceptables aquellas acciones apropiatorias de su cuerpo que las obliguen a ejercer un rol materno, ya que su estructura psíquica no tiene aptitud para soportarlo. Por lo antes manifestado, adherimos a la declaración de Unicef que sostiene que: "El embarazo en la infancia es violación y embarazo forzado”.