La
comisión directiva de la red Mujeres para la Justicia, ha considerado necesario
manifestar y reiterar públicamente su opinión en relación al caso de una niña de
11 años, víctima de violación, a quien se le detectó una embarazo en el
contexto de una internación por autolesiones. Al respecto debe remarcarse que
resultaría inconcebible que en sucesos tan graves como el que se conociera
recientemente, las autoridades y o servicios pudieran con subterfugios
administrativos omitir la adecuada y exigida respuesta que un caso de esa
naturaleza requiere. Siendo particularmente grave y constitutivo de nuevas
violencias desoír la voluntad de una niña expresando querer interrumpir la gestación. En tales casos toda medida obstructiva por parte de cualquier servicio del
estado para impedir se practique la ILE sobre el cuerpo de una niña, tiene la
entidad de nuevo acto de violencia. Recordamos que : La Corte Suprema de la
Nación Argentina ha establecido los lineamientos de una política pública de
salud con enfoque de derechos que Establece tres principios fundamentales y una
estrategia de intervención: • No se deben judicializar los abortos permitidos
por la ley. • No se debe exigir la intervención de más de un profesional: la
Corte sostiene que requerir consultas con otros profesionales o dictámenes
constituye un proceso burocrático dilatorio, que representa un supuesto de
violencia institucional prohibido no solo por la Constitución y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, sino también por la Ley Nacional 26485 de
protección integral contra todas las formas de violencia. • El estado tiene la
obligación de generar las condiciones médicas adecuadas para llevarlo a cabo. •
Se exhorta a las autoridades nacionales y provinciales para que tomen las
medidas necesarias a fin de garantizar este derecho. Por todo lo antes
expuesto, debe repudiarse que a través de una innecesaria judicialización se
someta a un nuevo ultraje, exponiendo socialmente a las niñas y sus familias,
cuando esas situaciones deben ser atendidas reservadamente y sin trámite
estigmatizante. Por lo que también repudiamos las medidas lesivas que impiden a
las niñas recobrar con celeridad y respeto su infancia. Resultando inaceptables
aquellas acciones apropiatorias de su cuerpo que las obliguen a ejercer un rol
materno, ya que su estructura psíquica no tiene aptitud para soportarlo. Por lo
antes manifestado, adherimos a la declaración de Unicef que sostiene que:
"El embarazo en la infancia es violación y embarazo forzado”.
