Por Eduardo Aliverti
eduardoaliverti@fibertel.com.ar
Arrecia en estas horas el señalamiento de que el Gobierno quiere
controlar a la prensa. Cabe entonces insistir en alguna recorrida por la
solvencia, o no, de los dichos y acciones que llevan a esa renovada
imputación. Y es que, aun cuando se aceptare que el oficialismo tiene
intenciones maléficas respecto de los medios opositores, podría decirse
otro tanto acerca de lo que éstos le reservan a aquél. O, en forma mejor
extendida, a una democracia de carácter más amplio.
"Política Nacional", columna de opinión emitida en "Hipótesis" el sábado 11 de octubre de 2014.
Los nervios volvieron a estallar por la adecuación de oficio del
Grupo Clarín. Obligada por la ley de medios audiovisuales que la Corte
Suprema declaró constitucional, tras cinco años de batallas jurídicas,
la corporación mostró el propósito de dividirse en seis unidades
independientes entre sí. Por cinco votos contra dos abstenciones, el
organismo regulador decidió rechazar la propuesta al encontrar anomalías
incompatibles con el espíritu de la ley. Martín Sabbatella señaló que
entre las unidades 1 y 2 –aquellas que concentran la crema de Clarín, en
penetración mediática y negocios– hay vínculos societarios. Dicho en
vulgata, testaferros. Este aspecto requiere de una precisión inicial,
imprescindible, porque el Grupo aduce que la Afsca cambió de opinión
casi de la noche a la mañana, tras que en principio sostuviera que el
plan de fraccionarse en seis se ajustaba a la ley. Justamente, lo
expresado por el organismo había sido que la propuesta de adecuación era
aceptable en principio. Faltaba hurgar en que no se encubrieran socios o
vinculaciones. Al descubrirse escondites, la Afsca impugna el plan y,
de acuerdo con la ley, llamará a concurso público para licitar las
licencias de que Clarín debe desprenderse. Según lo manifestado por el
titular de la repartición, los nombres que se entrecruzan pertenecen a
la unidad 1 (Canal 13, Radio Mitre, La 100, TN), pero hay relación
estrecha con los accionistas, abogados y fiduciarios de la unidad 2
(Cablevisión). Quien desee adentrarse en la desmentida que el diario
publicó este viernes, contrastando lo denunciado por Sabbatella y “la
verdad”, advertirá que es objetivamente muy pobre: el tipo de
argumentaciones del Grupo consiste en que los entrecruzados son simples
asesores, viejos directores que ya no lo son o sociedades que también
atienden a otros clientes. Seguirá, a no dudarlo, una nueva batería de
maquinaciones judiciales. Intentarán fugar hacia delante con el recurso
de despachos tribunalicios, siempre prestos para favorecer al generalato
de la economía, hasta un cambio de gobierno que pudiera devolverle a
ese grueso de los oligopolios la tranquilidad que en alguna medida
perdieron. Lo profundo de esa táctica va mucho más allá de Clarín, que
es una circunstancia determinante en lo simbólico mucho antes que en lo
grande de la puja de poder. Quede claro el significado de esa
tranquilidad: no es plata lo que están perdiendo. Es sosiego, orden,
ausencia de amenazas, molestias, privilegios absolutos en la
construcción de sentido político. Y, así fuere que Clarín no volviese a
disponer de jueces amigos y efectivamente se lo adecuara de oficio, ni
siquiera un marciano debería imaginar que habrán de reemplazarlo gentes
de negocios del campo popular. ¿Qué se supone? ¿Que manejar gigantes
mediáticos y profesionalización comunicacional es cosa de agrupaciones
estudiantiles, de manifiestos de barricada, de simples proclamaciones
intelectuales, de simposios sobre medios? Sí pasaría demostrar que,
alguna vez, la política puede ganarles, o competirles, a grandes
gerentes de la privatización de la política. Marcarles la cancha. Eso
implica un Estado inclusivo, vigoroso, con liderazgo, y es por donde se
empieza.
Otro episodio indignante para la oligarquía republicana fue que
Cristina habría indicado, en teleconferencia con el presidente ruso, no
necesitar de la prensa independiente para comunicarse con el pueblo.
Jamás dijo eso, al margen de que sea verdad o de que pueda discutirse si
acaso no lo es. Simplemente ponderó las fuentes de información
alternativas. Nunca habló de eliminar a nadie, e insulta a toda
inteligencia básica suponer o colegir que alguien tan hábil como
Cristina pudiera caer en semejante gaffe. Planteó disputar cómo se
construyen las noticias, nada más, y eso basta para molestar a quienes
repelen cualquier debate al respecto. El grito en el cielo acabó
consumándose por el lanzamiento del Sistema Federal de Medición de
Audiencias (Sifema), a cargo de universidades nacionales, para comprobar
el rating en forma más abarcativa. Las mediciones que se difunden
contemplan únicamente a Capital y GBA. El firmante no cree, ni por
asomo, que esta nueva estimación de audiencias vaya a producir sorpresas
acerca de los medios y programas que mayorías y minorías oyen,
escuchan, miran o ven. El rating que estipula la consultora privada
Ibope es objeto de largas sospechas, hace ya tiempo o desde siempre; y
esas desconfianzas lo son por el punto más o la décima menos que los
ejecutivos de la tevé sobreestiman cual si se tratase de la Biblia. Hay
demasiada diferencia entre eso y creer que pueden inventarse audiencias
masivas o enormes fracasos. Como sea, apenas se presentó una medición de
rating, pública, no gubernamental. Una medición más. No se entiende
cuál es el problema. ¿Qué derechos particulares afecta? ¿Dónde queda el
ataque a la libertad de expresión?
A propósito de cómo se (des)maneja la agenda pública o publicada,
Jorge Capitanich comenzó encuentros con los principales exportadores de
soja para que aceleren la liquidación de más de la mitad de la cosecha.
Les advirtió que el Estado habrá de utilizar las herramientas a su
alcance para que cumplan de una vez: continúan reteniendo unas 25
millones de toneladas de granos en espera devaluatoria, mientras la
tendencia del precio del poroto sigue declinante. El perjuicio es para
el productor, sostuvo el jefe de Gabinete, aunque cabría poner en duda
que –más allá de lucros cesantes coyunturales– esos productores carezcan
del resto suficientemente amarrocado como para persistir en los
manipuleos y operaciones con el tipo de cambio. Explicó que el menor
vuelco de divisas de los exportadores impacta en toda la cadena
productiva. Para el caso, “muchos camiones realizaron menos fletes,
muchos camioneros tuvieron menores ingresos y hubo mucho menos trabajo
para los trabajadores de estiba”. Ese sencillo ejemplo es aplicable al
de variados sectores de la producción perjudicados por las tretas de
grandes jugadores, entre quienes se cuentan los medios de prensa
asociados al negocio agropecuario. Es válido remarcar que el propio
Eduardo Buzzi, miembro de la Mesa de Enlace agropecuaria, se contó entre
los que admitieron el encanutado de granos. Los medios opositores
ignoraron olímpicamente ese reconocimiento, formulado en voz alta. Lo
cierto es que Capitanich dijo y acusó, encontrando como respuesta, otra
vez, la nada. No sólo le pasa a él, desde ya. Les ocurre a todos quienes
dejan en evidencia ese armado de especulación por parte de “el campo”,
en su juego de pinzas con protagonistas de grandes bancos privados. Fue y
es del mismo modo en que los periodistas tan republicanamente
desesperados por querer preguntar dejan las sillas vacías, en las
conferencias de prensa diarias del funcionario que sigue en rango a la
presidenta de la Nación.
Se llega así a que hay cuestionamiento oficial, altercado, choque,
contra la hegemonía cultural de los bloques dominantes. Eso no es
control ni, muchísimo menos, intencionalidad de censura o desprecio por
las normas legales. Si es por esto último, quienes pueden brindar
cátedra histórica de avasallamiento a las instituciones son,
precisamente, quienes acusan un clima opresivo contra la prensa libre.
Sucede que se le da pelea a que todo es como lo pintan y es bueno
reparar en la amplitud de ese concepto, porque la pintura no es
solamente la que dispone el kirchnerismo, ni ningún gobierno de turno,
sino la del conjunto de los actores político-mediáticos que presionan a
favor de sus intereses, tanto como aquéllos. Pero alguien pelea, en
definitiva. Alguien hace política, por fin, no desde el mandato
exclusivo de las corporaciones empresariales. Bien, mal, regular, pero
lo hace. Se le contesta con insultos, frivolidades, lugares comunes de
charla de peluquería. Fuere por ataques especulativos con el dólar, por
batallas contra los buitres, por cómo se calcula la inflación o por
mediciones de rating, el Gobierno es combatido desde un lugar donde la
oposición (prensa incluida, o a la cabeza) no tiene nada nuevo para
enunciar, como no sean minucias de pago chico, apuntes escolares o
recetas ya probadas que terminan en helicópteros. Ha ocurrido, incluso,
que una de las puntas de lanza principales del Grupo se manifestó harto
por “la bosta” que encarna la oposición, en cualesquiera de sus
formatos. Tiene razón: demasiado trabajo para que surta efectos
discursivos, y el pescado sigue sin vender.
Se solía decir, y algunos todavía se animan a hacerlo, que entre los
gobiernos y el periodismo hay –debe haber– un conflicto permanente,
porque la función periodística consiste en fiscalizar a los oficialismos
del signo que fuere. Denunciar la corrupción oficial. La pregunta sería
qué pasa cuando es un gobierno el que denuncia las andanzas y la
corrupción del periodismo.