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El fallo casi inverosímil del tribunal tucumano, que pretende anular las elecciones provinciales, viene a ser la versión macondiana de una táctica ya instalada desde la prensa opositora de alcance nacional. Hasta un marciano se daría cuenta de que la cuestión es convertir clientelismo y maniobras sucias en una perspectiva de fraude escandaloso y masivo. ¿Cuál es la penetración efectiva que puede tener un ardid tan grosero, en las elecciones de octubre?
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La sentencia judicial tucumana es otro de esos extremos alucinados a que se hacía referencia. De por sí, por su sola sonoridad, que un tribunal en lo Contencioso Administrativo se arrogue el derecho de anular elecciones de tamaño provincial y general es, a más de algo nunca visto, realismo mágico supremo. Uno de los fundamentos del fallo se apoya en la cobertura del programa televisivo de Jorge Lanata, y en declaraciones del gobernador actual y del electo acerca de que se entregaron bolsones de comida a cambio de votos. Si lo primero es desopilante, lo segundo directamente entra en colisión con cualquiera que esté en su sano juicio porque, aun si se juzgara que hubo votos producto de extorsión y que pudiera haberse chequeado la correspondencia entre vianda y sufragio, en unas mesas, no hay ningún otro fondo a considerar que no sea la validez del voto. Visto como el absurdo que es, no se trata de un fallo sino de una opinión. Estamos ante un hecho probablemente inédito a escala mundial, en términos de interpretación jurídica de un proceso electivo, y en nada se requiere conocimiento del Derecho para aseverarlo: jueces que, a la letra de la ley, anteponen su opinión sobre los efectos que prácticas perniciosas ejercen sobre sectores “desamparados”. ¿Cómo no coincidir con que la lógica estricta del fallo tucumano es que debe implementarse el voto calificado, ya que, de otra forma, es improbable que el pobrerío ignorante no sucumba ante el ejercicio extorsivo de la delincuencia punteril? Pero esto no es todo, aunque parezca mentira. Las urnas anuladas, al cabo del escrutinio definitivo, fueron 6 sobre más de 3600; y las 614 que observó la oposición estaban siendo recontadas bajo su propio control, hasta que retiraron los fiscales para impugnar todo el proceso ante los contenciosos amigables. Es decir que el fallo ignora la imposibilidad absoluta de que las mesas impugnadas por la oposición pudieran torcer en modo alguno el resultado final, para no hablar de que la quema de urnas denunciada fue promovida –según las pruebas obrantes– por bandoleros adherentes al postulante opositor. Se recorre este cuadro y en alguna medida es frustrante, porque no terminan de encontrarse ni los adjetivos ni las figuras retóricas que estén a la altura exacta de calificar este episodio. Y a los referentes nacionales subidos a semejante vandalismo jurídico para subrayar que toda vez que pierdan es fraude.
Lo que está y seguirá es una ristra de conjeturas sobre cómo resolver en tiempo y forma algo que, quizá, superaría a García Márquez. Desde las especulaciones técnico-judiciales hasta intervenir la provincia, todo resuena posible. Varios artículos periodísticos provinciales y de llegada nacional, entre el viernes y ayer, dieron cuenta de ese carácter macondiano en la integración de la Corte Suprema tucumana, con una serie –que pareciera interminable– de lazos familiares, amistades, enconos y actuaciones previas como causa de excusación entre los miembros del tribunal. El sábado, la Corte local quedó integrada con sólo dos de sus integrantes originales en pie. Los tres restantes surgieron de un sorteo en la Cámara Civil y Comercial Común. Se estima que fallará entre hoy y mañana, pero la causa seguirá abierta cualquiera sea la decisión porque oficialistas y opositores ya anticiparon que recurrirán el fallo ante la Corte Suprema de la Nación. Debe calcularse que mientras tanto corre el plazo de caducidad para todos los mandatos de los cargos electivos tucumanos, a fines de octubre, con el riesgo de que la provincia quede acéfala y haya que intervenirla. Sin embargo, mucho más agotador que este escenario es la certeza de que no importa tanto lo que vaya a suceder como el haber establecido que derrota es igual a fraude. Eso excede a Tucumán.
Puede emparentarse con el decurso del Niembrogate, en cuanto a las chicanas tan baratas como empiojadoras de que se valen. Finalmente, Macri le soltó la mano a su candidato y operador periodístico preferido. La denuncia por corrupción manifiesta o solapada ya sumaba probanzas abrumadoras, hasta el punto de que Clarín y La Nación se pusieron de acuerdo en exigir la renuncia de Niembro a su candidatura. Cabe la enorme sospecha de que no lo hicieron por razones morales sino porque el affaire estaba perjudicando las chances electorales del PRO, brindándole a Scioli lo que le falta para ganar en primera vuelta o lo que le resta para superar el 40 por ciento con más de diez puntos de ventaja sobre el segundo. Esto no contradice la hipótesis de una oposición renuente a ganar. En todo caso la reafirma, porque el tema sería perder por un margen que dé espacio a cuestionar el resultado. Lo cierto es que, como quien no quiere la cosa, el macrismo pretende ahora que el asunto se acabó y que la renuncia de Niembro –sólo cuándo no quedó otro remedio– es demostrativa de no ser lo mismo que los kirchneristas. Falta el pequeño detalle de que, como en el tango, para bailar hacen falta dos. Las figuras y funcionarios macristas que dejaron solo a Niembro, así como sus medios adictos, no se hacen cargo de la red del gobierno local que aprobó la operatoria revelada. Hay una diferencia sustancial con los casos de funcionarios nacionales denunciados, porque todos ellos estuvieron o están enfrentados a la Justicia. Por el contrario, en este hecho quedó ante ella sólo uno de los lados del mostrador. Pero parece que eso basta para marcar distinciones éticas.
